Blanco aprobó una presa sin informes técnicos

El fiscal pide ocho años de cárcel para el secretario de Estado de Fomento

El País, 4 de abril de 2002

La fiscalía del Tribunal Superior de Madrid reclama ocho años y seis meses de cárcel y otros diez de inhabilitación en el cargo para Benigno Blanco, actual secretario de Estado del Ministerio de Infraestructuras y secretario de Estado de Aguas de Medio Ambiente cuando ocurrieron los hechos. El fiscal le imputa prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos. Le acusa de haber aprobado en 1996 el proyecto del embalse de Santaliestra (Huesca) a sabiendas de que carecía de los preceptivos informes geotécnicos y de que su construcción podía haber acarreado 'una catástrofe' en la zona.

Blanco tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid para responder de esos tres delitos. Junto a él también figuran como acusados otros seis ex altos cargos y técnicos de Ministerio de Medio Ambiente. Entre ellos, Tomás Ángel Sancho Marco, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); Carlos Manuel Escartín Hernández, ex subdirector general de Obras Hidráulicas; José María Vizcaíno, ex subdirector del Área de Presas, y Mikel Zueco Ruiz, director de proyectos técnicos. Para éstos, las penas solicitadas fluctúan entre 17 años de inhabilitación y 11 años de cárcel. El escrito de acusación incluye delitos de fraude y estafa para tres de los acusados: Francisco Fiteni Rodríguez, director técnico de la CHE; Íñigo Barahona Fernández, ingeniero de caminos, y el citado Mikel Zueco.

Este escrito de acusación de la Fiscalía es fruto de la querella interpuesta en 1999 por el Ayuntamiento de Santa Liestra contra los promotores y responsables del embalse proyectado en la localidad, cuya construcción anuló hace sólo unos meses la Audiencia Nacional.

El juzgado de Madrid que investigó estos hechos, el número 38 de Madrid, archivó la causa a fines del año pasado, pero tuvo que reabrirla de inmediato y abrir juicio oral contra los acusados tras recibir una orden en ese sentido de la Audiencia.

El actual número dos de Fomento cometió los supuestos delitos que le imputa el fiscal tras ser nombrado, en julio de 1996, secretario de Estado de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, en la etapa en la que su titular era Isabel Tocino. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, califica de 'escandalosa' la 'maquinación' en la que participó Blanco para construir 'a toda costa' la presa de Santa Liestra. Con su actitud, vulneró 'flagrantemente' la legislación medioambiental y 'despreció la seguridad' de la obra. Es decir, que aprobó el proyecto a sabiendas de que éste carecía del preceptivo informe geotécnico, necesario para conocer las características del suelo sobre el que se iba a levantar la presa, y obviando el peligro que su construcción podía acarrear a los habitantes de la zona. 'La ejecución del proyecto, aprobado definitivamente por la resolución de 26 de mayo de 1997 devendría en una catástrofe de considerables proporciones', subraya el fiscal en su escrito.

Informes desaparecidos

El fiscal imputa también a Blanco un delito de infidelidad en la custodia de documentos: le culpa de 'la desaparición de informes' que advertían con nitidez del peligro de construir la citada presa. Según el fiscal, la ex ministra Tocino, tras recibir informes que avisaban del peligro que suponía contruir una presa en la zona elegida, encomendó a Blanco y a Escartín que los analizasen. Pero éstos 'no tramitaron los informes que les remitió la ministra ni ordenaron su estudio'.

Blanco, Escartín y Sancho accedieron a sus cargos entre mayo y julio de 1996, según el fiscal. La llegada de los tres supuso un nuevo impulso para la creación del embalse, presupuestado en 120 millones de euros (20.000 millones de pesetas) y por entonces objeto de numerosas quejas vecinales e informes que desaconsejaban su creación.

Uno de los altos cargos que, por escrito, habían advertido inicialmente de las irregularidades del proyecto, el también acusado José María Vizcaíno, cambió de actitud tras varias reuniones con Blanco y Escartín, según el fiscal. Tras esas entrevistas, Vizcaíno optó por ocultar informes de los técnicos Moisés Rubín de Celis y Gaspar Zaragoza, técnicos del Área de Tecnología y Control de Estructuras, que denunciaban la ausencia de los preceptivos sondeos en la zona.

Las obras del proyecto de embalse de Santa Liestra nunca llegaron a iniciarse. El plan fue anulado por sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictada el pasado 23 de noviembre de 2001.

Los jueces invalidaron el proyecto de la presa tras calificar la actuación de Blanco de 'insólita y anómala' y 'contraria al sentido común'. Y es que dio luz verde al embalse pese a que tenía la 'firme constatación' de que no se había realizado ningún sondeo en la cerrada donde, sobre el río Esera, iba a construirse. La idea inicial era que el embalse tuviese una altura de 100 metros y una capacidad de 80 hectómetros cúbicos.

'Me sorprende mucho'

Benigno Blanco indicó ayer a este periódico que ignoraba el contenido del escrito del fiscal de Madrid. Aseguró que, sobre este tema, tenía 'la conciencia intelectual, moral y jurídica, tranquila', y añadió: 'A lo mejor pudo cometerse un fallo administrativo, pero buscarle trascendencia penal a este asunto me sorprende mucho'. Blanco agregó que su decisión no consistió en la aprobación definitiva del proyecto: 'Yo aprobé el proyecto pero condicionado a que antes se hiciesen los estudios geológicos de la zona'. Además agregó que, como secretario de Estado, siempre se ha abstenido de actuar 'en aquellas decisiones relacionadas con Iberdrola', compañía para la que trabajó antes de acceder a ese cargo.