Imputan a un magistrado murciano un presunto delito por robo de agua del río.

La Fiscalía de Delitos Ecológicos abre proceso judicial por el desvío de fondos europeos y por la apertura de pozos sin concesión administrativa

REDACCIÓN La Fiscalía de Delitos Ecológicos de Madrid ha abierto proceso judicial y ha trasladado al juzgado número 36 de la capital la denuncia presentada por unos particulares murcianos, para esclarecer el presunto desvío de fondos europeos solicitados para mejorar el regadío, y utilizados, supuestamente, en tierras no cultivables según la ley, y por la apertura de pozos sin concesión administrativa, según informó ayer en rueda de prensa conjunta Ecologistas en Acción-Región Murciana, la Comisión Pro-Río y la plataforma Segura Limpio, informó ayer Europa Press.

Según las citadas fuentes, el fiscal imputa a todas las personas que pidieron esas ayudas al parecer, de manera ilegal, entre las que se encuentra un magistrado murciano. El fiscal, en su informe, no sólo afirma que se ha empleado de «manera ilícita» dinero europeo, sino que al mismo tiempo, se han abierto pozos sin concesión administrativa, de los que se está extrayendo agua pública para la ampliación de regadíos.

Las plataformas explicaron que con el pretexto de riegos de socorro para la plantación, «se ha montado una poderosa infraestructura formada por 13 pozos, alimentados con tres líneas de alta tensión, cuatro embalses de riego y un canal de conducción de agua a la zona costera de San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada. Todo ello, según dice el Ministerio Fiscal en Madrid, no solo realizado de forma ilegal sino con algún tipo de amparo institucional»

Un fraude de 295 mil millones

Según el informe del fiscal, al que ha tenido acceso la plataforma, «se han obtenido ilícitamente ayudas comunitarias por un importe de, al menos, 295 mil millones de pesetas», cuando los peticionarios de estas ayudas, «no reunían ninguna de las condiciones que la legislación comunitaria de referencia establecía».

Asimismo, el fiscal considera que «los peticionarios no han reparado en falseamiento y ocultación alguna, confiados además en que algunas de las personas encargadas de tramitar los expedientes en su comunidad autónoma, a pesar de conocer la inadecuación de aquellas ayudas y la falsedad de los datos de los expedientes, no efectuarían comprobación alguna ni reflejarían ningún tipo de reserva o impedimento».

El fiscal solicita, entonces, la práctica de una serie de diligencias enfocadas al esclarecimiento de los hechos, «incluyendo la declaración, en calidad de imputados, de los peticionarios de las ayudas y subvenciones, en cuanto al delito de fraude al presupuesto comunitario del artículo 309 del Código Penal».

La decisión del fiscal, según la plataforma, «es una gran noticia, porque podría empezar a esclarecer dónde están los caudales de agua que no llegan a la Vega Baja, dónde está el agua del caudal sanitario que debería estar diluyendo toda la porquería».

Miembros de la plataforma señalaron que esta denuncia por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas comunitarias a determinadas fincas de la comarca del noroeste murciano, fue presentada en 1998 en Murcia, pero que «ha sido sistemáticamente archivada en los juzgados murcianos».

«Profunda satisfacción»

Ecologistas en Acción, Comisión Pro Río y Segura Limpio manifestaron ayer, a través de sus representantes Julio Martínez, Nuria Iniesta y José González, su «profunda satisfacción por este nuevo paso hacia el esclarecimiento de la verdad de los hechos en el caso de la gestión sostenible del agua en la comarca y el estado de salud ambiental del río Segura, puesto que los pozos ilegales denunciados están captando aguas que alimentaban el Segura».

Nuria Iniesta se preguntó si «se está financiando el PP con el robo de las aguas del Segura, incluso, con el robo del caudal sanitario», y destacó que es la primera vez que se investiga la desaparición del río «y quiénes se están haciendo ricos con las aguas que nos roban, a costa de la salud de los ciudadanos de la Vega Baja». Según Pro Río, «hoy comenzamos a saber que el río Segura está en los montes de Murcia, en las fincas de particulares, haciendo ricos a unos pocos a costa de todos nosotros».