Agua para el desarrollo

ENRIQUE CABRERA,
catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia

Es la reflexión que preside el día del agua que el mundo hoy celebra y que invita a asociar dos términos ligados con interpretaciones muy distintas. Sobre el papel plena coincidencia, el agua debe gestionarse para que el desarrollo sea sostenible, lo que, de acuerdo con la comisión Brundtland que lo definió, supone satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las venideras. Un claro concepto de compleja y esencial concreción dada la enmienda referente a los trasvases aprobada en la turbulenta sesión del Parlamento Europeo del pasado febrero. Del calificativo en cuestión va a depender la financiación de Bruselas al trasvase del Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional (PHN). No habiendo una política del agua definida, política función del carácter de bien social y/o económico que al agua se le otorgue, la polémica está servida.

Estando indisolublemente unida a la vida, el agua ha sido, es y será bien social y como tal deberá quedar al alcance de todos, subsidiándose el beber cuando sea menester. Un bien social que, por extensión natural y por posibilitar que las sociedades rurales comieran, alcanzó al riego, consolidado en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de Costa y los regeneracionistas.

Esta cultura propia de países agrícolas, a la sazón necesaria, ha calado profundamente en la sociedad española e intacta nos ha llegado pese a que nuestro hoy en nada se parece a ese ayer.

La industria y el ocio han traído otros usos que con fuerza compiten con los tradicionales. Éstos, que continúan creciendo, han perdido su carácter ecológico de antaño. El riego contamina los acuíferos (empleo de abonos y plaguicidas antes desconocidos), mientras los vertidos urbanos, demasiadas veces no depurados, confluyen con los otrora limpios y caudalosos ríos. En síntesis, un escenario bien distinto al que vio nacer la política hoy vigente. De otra parte, la prolongación del carácter social del agua a las nuevas necesidades ha agravado la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de las aguas.

Una contaminación que sólo desde el ahorro se combate con eficacia. Así lo entendieron países con más recursos hídricos. Y para fomentar su uso eficiente, articularon dos medidas. La primera, repercutir en el recibo del agua todos los costes que su manejo comporta. La segunda, potenciar su gestión y control.

Hoy el agua es, pues, a la vez bien económico y bien social. En España, por su nivel de desarrollo, aun cuando prevalece lo segundo, debiera primar lo primero. Esta inversión nos conduce a una insólita paradoja. El ecologismo y la izquierda afín, paladines del medio ambiente y por ende de las políticas de ahorro que lo protegen, preconizan su carácter de bien económico y el establecimiento de un sistema de libre mercado que lo propicie, mientras sectores conservadores no dudan en proclamar el carácter de bien social del agua y la necesidad de una administración que asuma el coste total de las obras que esta política demanda. Siendo ellos sus beneficiarios y usuarios mayores no podía ser de otro modo. Sin un modelo de gestión, el marco que encuadra el polémico PHN es muy confuso. Tanto que, con posiciones radicalmente opuestas, todos creen tener razón. Y es este marasmo el que propicia actitudes incoherentes como las vistas en la mentada sesión del Parlamento Europeo. Con Aragón a la cabeza. Desde su cultura y desde el agravio derivado del retraso de unas inversiones siempre prometidas y nunca ejecutadas (el regadío llegó antes a los más propicios terrenos levantinos), ve en el agua un bien social aun con dos ópticas distintas. La óptica agrícola, que la desea para su desarrollo rural, y la medioambiental de quienes cansados de peajes excesivos, tanto externos como internos, demandan al desarrollo criterios económicos y racionales. Unos por principios y otros hartos de esperar ven en la costa mediterránea al consumidor competitivo que pretende llevarse el agua que pasa por sus tierras.

'El escenario actual es muy distinto al que hizo del riego un bien social y no económico'

Valencia, Murcia y Almería, principales beneficiarios de la transferencia de agua del PHN, quieren ese agua y mucha más si posible fuera. Siendo un bien social, su consumo no parece tener freno. Con todo, y porque las posibilidades de desarrollo que se tienen lo permiten, en el PHN consta que el trasvase será amortizado mediante el pago de 0,30 euros por cada metro cúbico de agua. Ello generará tensiones. En un mismo marco geográfico coexistirá el agua del Ebro, de poca calidad y con cierto aire de bien económico (el pago recuperará parte de la inversión) con el agua del Júcar casi gratis y de mejor calidad. Los agricultores levantinos lo saben pero de momento, para no comprometer aún más el trasvase, callan. De dinero, piensan, ya hablaremos. De momento pagan otros. Y con la obra hecha partiremos en la negociación con ventaja.

En su huida hacia adelante el modelo vigente (que gasta más de lo razonable y aún pide, el trasvase, en préstamo) acabará colapsando. Por ello se necesita un marco de actuación acorde con la nueva Directiva del Agua promulgada por una Europa que no acaba de entender el PHN español. Y se comprende. Resulta difícil que un alemán admita que sus impuestos sirvan para subsidiar agua donde dicen que escasea mientras él, en un país donde abunda, gasta menos y paga más. Un PHN de espaldas a la realidad que ha obligado a España, con ocasión de su turno presidencial, a declarar el cambio climático prioridad medioambiental comunitaria, perdiendo con ello la posibilidad de un debate europeo sobre política hídrica, el escenario perfecto para justificar ante la sociedad española el cambio de cultura que los nuevos tiempos demandan. Un debate que, además, habría permitido a Europa liderar, la cumbre mundial de la tierra de septiembre en Johanesburgo.

El lema del día mundial del agua de este año nos viene de molde. Invita, con la mirada puesta en el futuro que no en el pasado, a concretar el tipo de desarrollo que la actual sociedad requiere. Para establecerlo habrá que definir hasta dónde llega el agua como bien social. Y después articular la política adecuada.

Mientras tal no ocurra continuaremos en épocas de sequía, como en los países tercermundistas, cortando el agua del grifo para evidenciar ante la opinión pública que aún están pendientes obras que permitirían saciar la sed de la España seca.