A jugar al golf.

Juan Manuel Carretero.

Los ayuntamientos valencianos recalifican millones de metros cuadrados rústicos para alojar nuevas urbanizaciones turísticas unidas por un denominador común: todas tienen un campo de golf como reclamo.

En los próximos años la Comunidad Valenciana contará con más de medio centenar de nuevos campos de golf, de ejecutarse sólo parte de los proyectados. Serán el reclamo de grandes complejos urbanísticos. Para ello ha sido necesario modificar los planes de urbanismo y hacer recalificaciones de millones de metros cuadrados. La superficie de alguna de estas recalificaciones supera la extensión de la mayoría de los pueblos de l´Horta y entre todas se podría ocupar todo el término de un municipio como Cullera, que tiene 53,4 Km2. El turismo que llaman de calidad, del que los municipios y empresarios del sector esperan buenos beneficios, y los grandes negocios inmobiliarios están dando un cambio significativo en los últimos años al paisaje de la Comunidad Valenciana, en el que la huerta y especialmente el litoral -en segunda y tercera línea- están dando lugar a grandes complejos urbanísticos en los que hoy no puede faltar, como principal reclamo turístico, un campo de golf. La falta de suelo urbanizable no es problema. Los ayuntamientos aprovechan la falta de control de suelo de la Generalitat -la Ley de Ordenación del Suelo no se acaba de concretar y no existe un plan de acción territorial que ordene y regule el crecimiento urbanístico - y la proximidad de las elecciones, para promover recalificaciones de millones de metros cuadrados en operaciones, no siempre claras, y en las que también se dan intereses políticos y favoritismo en las concesiones urbanísticas. Así, no es de extrañar que detrás de muchas de las operaciones que se están dando en comarcas como la Vega Baja se encuentran los mismos promotores, abogados y arquitectos que realizan a su gusto las modificaciones de los PGOU municipales.

El ser una Comunidad con déficit de recursos hídricos y contar con muchas poblaciones aquejadas de problemas de abastecimiento en verano, tampoco detiene a los munícipes a privarse de sus campos de golf, que necesitan una media de 1.800 metros cúbicos diarios de agua -una familia viene a consumir unos 200 m3 al año-.

El listado de recalificaciones de suelo hechas o en proyecto va de norte a sur, con especial incidencia en las zonas de litoral. Las fórmulas para convertir suelo en urbanizable van desde la aprobación de nuevos planes de ordenación urbana a la modificación de los existentes, convirtiendo en urbanizables terrenos que no lo eran. Respecto al color político de los gobiernos municipales que aprueban estos cambios, en su gran mayoría son del Partido Popular, aunque el caso más escandaloso es el de San Miguel de Salinas, donde el gobierno socialista proyecta recalificar 27 millones de metros cuadrados, lo que supone el 50% de su término municipal.

El litoral de Castelló

La presión urbanística sobre el litoral de Castelló se ha disparado desde que el PP llegó a la Generalitat en 1995. El proyecto para la urbanización de dos millones de metros cuadrados en una zona de marjal al sur del término municipal de Benicàssim, que enfrentó a las dos mayores empresas constructoras de Castelló, supuso el pistoletazo de salida, y más recientemente incluso se ha llegado a renegociar los límites del paraje natural de la Serra d´Irta para que Peñíscola autorice más construcciones. A Benicàssim siguieron nuevos macroproyectos en Burriana, Benicarló y Alcalà de Xivert.

En Benicarló se prepara la urbanización de un millón y medio de metros cuadrados de suelo agrícola a urbanizable en la partida de la Tossa para la construcción de un campo de golf y masivas zonas residenciales y hoteles, con una fuerte oposición de los propietarios de terrenos, todos ellos agricultores, y ecologistas. La organización Apnal, integrada en Ecologistes en Acció, presentó una serie de alegaciones al considerar que el proyecto esquilmará los recursos hídricos y afectará al medio ambiente y a las ruinas de un poblado íbero. La urbanización contempla también desviar varias vías pecuarias. Las protestas de los propietarios de los terrenos se han sucedido desde que se presentó el proyecto.

En Burriana se van a urbanizar más de dos millones y medio de metros cuadrados en el litoral norte, entre el Grau y el límite con el término municipal de Almassora. La zona albergará un área residencial de baja densidad con bulevares y calles cortadas formando retícula, una gran plaza, un campo de golf de unos setenta mil metros cuadrados y una amplia zona de playa en toda la franja litoral. El elemento aglutinador es el campo de golf, aunque también se ha proyectado un centro de alto rendimiento para deportistas de elite.

En cambio, en el litoral de Alcalà de Xivert sí ha originado polémica el proyecto para la urbanización de más de un millón de metros cuadrados sobre un humedal incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas que afectará a la desembocadura del río Les Coves o de Sant Miquel. El proyecto de urbanización está supeditado al encauzamiento y la construcción de un puente en la desembocadura del río, puesto que la zona está declarada como inundable. El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert llegó a destinar una partida para el encauzamiento, pero se ha encontrado con la oposición de amplios sectores, puesto que la desembocadura del río forma un delta de cerca de cincuenta hectáreas.

El municipio de San Antonio de Benagéber, en el Camp de Túria, que cumple un lustro como independiente tras su segregación de Paterna, aprobó su PGOU que incluye 2.500.000 metros cuadrados para urbanizar. Además, la oposición denunció la recalificación realizada por el alcalde, del PP, de más de 32.000 m2 de zona verde, situados en la urbanización de Colinas de San Antonio, como suelo urbanizable.

Canet d´En Berenguer, gobernada por Esquerra Unida, también se abona a la expansión urbanística de su litoral y aprobó hace poco más de un año la revisión del PGOU para ampliar en 500.000 m2 el suelo urbanizable de la Playa Racó de Mar y del casco urbano. Este cambio y la construcción de un hotel en suelo público que estaba destinado a uso cultural, han sido objeto de polémica en los último meses.

El Ayuntamiento de Altea ha decidido modificar el PGOU para desarrollar el proyecto Los Puentes del Algar, que contempla urbanizar más de 2.000.000 de metros cuadrados para viviendas de lujo, zonas de ocio y un campo de golf.

La Marina Alta es una de las comarcas que también se ha puesto a la cabeza en los índices de edificabilidad. Hace escasas fechas, el Ayuntamiento de Dénia decidió homologar 4 millones de m2 en el litoral norte de Les Marines donde, en principio, está prevista la construcción en una primera fase de 4.000 viviendas, si bien esta cifra podría multiplicarse en el futuro hasta las 18.000 casas. A esta amplia extensión de nuevo suelo urbanizable debe añadirse la presión que sufre el suelo aún agrícola en torno al parque natural del Montgó, como lo demuestra el hecho de que un promotor haya querido realizar sin permiso un campo de golf de 200.000 m2 en Jesús Pobre.

Otros ejemplos pueden localizarse a lo largo de la costa en Xàbia, donde hay previstas más de 8.000 viviendas también en la costa Ðen el I MontañarÐ, así como la recalificación del paraje de l´Ombria; en Poble Nou, donde el Consistorio está concediendo licencias junto a la Granadella con la oposición del Ayuntamiento de Xàbia, que considera ese paraje parque municipal; en Benissa, donde los ecologistas han denunciado la recalificación de una superficie importante de la sierra de Oltà; o en Calp, donde las últimas modificaciones en el PGOU han permitido la construcción de plantas de grandes alturas junto al Peñón de Ifach. En el interior, destaca las importantes superficies de terreno reclasificadas en Pego, donde a lo largo de la presente legislatura, se han habilitado en el PGOU para suelo urbanizable o industrial casi un millón de m2.

Pero es en la comarca de la Vega Baja donde la vorágine urbanizadora puede llegar a ser frenética. Orihuela, Guardamar, Rojales, Jacarilla, Algorfa y Pilar de la Horadada, entre otros municipios, parecen seguir el camino de Torrevieja para sembrar sus términos de urbanizaciones así como de hasta nueve campos de golf en proyecto y más de 150.000 viviendas con capacidad para unas 600.000 personas, el doble de la población actual.

Parte de estas urbanizaciones se realizarán dentro de zonas de gran valor ecológico. El caso de San Miguel de Salinas es verdaderamente llamativo, ya que se pretenden recalificar 27 millones de metros cuadrados -la mitad del término-, parte de ellos en zonas de alto valor natural como la Serra de Escalona. Entre los proyectos figura la construcción de hasta tres campos de golf. En Rojales se ha aprobado una urbanización dentro de la cuenca vertiente del parque natural de la laguna de la Mata, lindando con los 500 metros de protección. En Algorfa, se ha construido un campo de golf ilegal y la mujer del director general de la Vivienda es propietaria de parte de los terrenos donde se proyectan construir miles de casitas. En Albatera proyectan un campo de golf y miles de bungalows junto al Lugar de Interés Comunitario de la Sierra de Crevillente, y en Pilar de la Horadada los promotores locales han firmado un convenio con el alcalde para pagar 250 pesetas por cada metro cuadrado que se les recalifique en el nuevo PGOU.

El Ayuntamiento de Jacarilla ha recalificado recientemente más de un millón de metros cuadrados de terrenos, precisamente a la empresa que costeó la redacción del PGOU. Estos terrenos, en el sector de La Asomada, lindan con el término de Orihuela, donde también han sido recalificados 1.800.000 metros cuadrados de suelo para la construcción del quinto campo de golf en este municipio y de más de 10.000 viviendas. Pero se da la coincidencia de que los terrenos recalificados en ambos municipios son propiedad, en su práctica totalidad, de la mercantil «Agrícola del Segura, S. A.», empresa que firmó el convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Jacarilla por el que la empresa aportaba 15 millones de pesetas para «la cooperación de la revisión del planeamiento municipal». El PGOU de Jacarilla fue adjudicado a la empresa Serrano y Asociados. El documento urbanístico está firmado por Enrique Serrano López y el arquitecto Santiago Mínguez González con fecha de 11 de mayo de 2001. Mínguez es arquitecto municipal del Ayuntamiento de Orihuela y en la actualidad es técnico responsable de Planeamiento y Gestión Urbanísticas, cargo que ha propiciado su participación en la recalificación de los terrenos de Orihuela que lindan junto a Jacarilla.