Tarificación del agua
Maruja Sornosa
En el último Plenario de Estrasburgo, el Parlamento Europeo debatió un
Informe sobre política de tarificación del agua que contenía una
referencia crítica al Plan Hidrológico Nacional. El desarrollo del voto y su
resultado final fue publicado en la prensa no sin cierta confusión. Sin embargo, lo
ocurrido durante este Pleno de noviembre puede calificarse de doble éxito
de difícil explicación y fácil manipulación. Vamos a intentar explicar
brevemente el procedimiento que nos aclare mejor esta premisa.
Todo comenzó cuando el pasado año quedó aprobada la Directiva Marco del
Agua que, en su artículo noveno, sentaba las bases para futuras políticas de
tarificación, inspiradas en el principio de la recuperación de los costes
de los servicios relacionados con el agua. La Comisión Ejecutiva, cumpliendo
este mandato, presentó una Comunicación datada en julio del 2000 y
titulada "Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos", para
su posterior revisión por parte del Parlamento Europeo, el Consejo, y el
Comité Económico y Social. Siguiendo los procedimientos habituales, la
Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo designó a la diputada
popular austríaca Marialiese Flemming como ponente.
Durante el debate en Comisión ya surgieron discrepancias sobre importantes
aspectos de fondo del Informe. En particular, la ponente presentó unas
enmiendas intentando conseguir un compromiso a favor de la consideración
del agua como bien básicamente económico, de manera que lo que nosotros
consideramos un bien de derecho universal, podía quedar sujeto a mercado y
entrar en la espiral de la oferta y la demanda. Una espiral que,
evidentemente, beneficiaría a quien tiene más medios para adquirir este
recurso de primera necesidad.
La posición que los socialistas difundimos en todo momento era, pues, que
el agua es un derecho universal humano y que, aunque pueda gestionarse de
manera privada, su titularidad debe quedar en la esfera de lo público con
el fin de atender las consideraciones sociales que también lleva implícitas.
Paralelamente, y también en el marco del Informe Felmming, presentamos una
enmienda de crítica al PHN como paradigma de malas prácticas en gestión de
recursos hídricos y como modelo contrario a todos los acuerdos sobre
desarrollo sostenible que los países miembros de la Unión Europea se
comprometieron a aplicar en la Cumbre de Gotemburgo de junio pasado. Dicha
enmienda, cofirmada por socialistas, Izquierda Unitaria y Verdes, prosperó
con el apoyo de los liberales, siendo el Partido Popular Europeo -y no
precisamente la totalidad de sus miembros- los únicos que votaron en
contra del párrafo de crítica al PHN.
El Pleno de noviembre en Estrasburgo debía servir para reiterar lo
aprobado en Comisión, pero no fue así. Con una maniobra en absoluto relacionada con
el tema de la tarificación -los liberales esperan obtener el apoyo del PP
para impulsar a Patrick Cox a la próxima presidencia del Parlamento-, se
fraguó una mayoría de centro-derecha en favor del nuevo intento de
introducir las enmiendas sobre la concepción mercantilista del agua que,
como ya hemos explicado, no prosperaron en Comisión. El desarrollo de la
votación permitió que las enmiendas de Flemming fueran aprobadas pero,
minutos más tarde, quedaba rechazada la enmienda de supresión que el PP
había presentado para intentar eliminar la referencia crítica al PHN
español. Así estaban las cosas de cara al voto final de la totalidad del
Informe: habíamos conseguido introducir un toque de atención contra el
Plan de Matas pero, por otro lado, si votábamos favorablemente el resultante
del Informe Flemming, aprobábamos también abrir una puerta a la concepción
mercantilista del agua alejada de consideraciones sociales. Por lo tanto,
¿qué podíamos hacer?, ¿qué estrategia debíamos seguir?
Justo antes del voto del Informe final, y dada la presión tan intensa que
el PP español ejerció sobre la Sra. Flemming, la ponente tomó la palabra para
declarar que renunciaba a su texto así enmendado -incluidos todos los
demás aspectos ideológicos y socioeconómicos de gran importancia que había
estado defendiendo- y que solicitaba al resto de sus colegas que votaran en
contra de su propio Informe.
Por nuestra parte, los socialistas, Izquierda Unitaria y los Verdes
teníamos a penas unos instantes para decidir. Por un lado, no podíamos dar nuestro
acuerdo a un texto que contenía claras referencias a un mercado
insolidario del agua, pero por otro, la no aprobación del Informe Flemming suponía que
nuestra enmienda crítica al PHN no sería emitida como parte de una
resolución del Parlamento.
Tomando en cuenta la responsabilidad de que todo lo que emitan las
Instituciones europeas a partir de ahora servirá para sentar las bases de
las políticas futuras de tarificación, los diputados socialistas decidimos
votar abstención. Como socialistas y progresistas, no podíamos permitir un
texto que aconsejara a la Comisión un modelo insolidario de tarificación
del agua, aunque contuviera una muy merecida crítica al Plan Hidrológico
Español. Por eso nos diferenciamos en el voto con los Verdes: las
consideraciones ecológicas, sin las sociales, no van a ninguna parte.
Personalmente, considero que, con la abstención, la batalla política está
igualmente ganada. En el Parlamento se criticó públicamente el PHN, lo
recogieron todos los medios de comunicación y así, en forma de crítica,
llegó a la población y al mismo gobierno de Aznar. Y, por lo que respecta
al Informe Flemming, los socialistas podemos estar orgullosos de haber
conseguido pasarle a la Comisión el mensaje de que toda futura política de
tarificación debe tener entre sus objetivos prioritarios la consideración
del agua como un derecho de la ciudadanía, como un derecho humano.
Hemos preferido renunciar a un éxito fácil, inmediato y demagógico porque,
con el Informe Flemming estaban en juego muchas más cosas que criticar la
gestión que el PP propone para nuestros recursos hídricos en el PHN. Creo
firmemente que el tiempo nos dará la razón ante un Plan que, como muy bien
se está denunciando desde la ciudadanía, es insolidario, no resuelve los
problemas de suministro de las regiones deficitarias, no es respetuoso con
la legislación medioambiental europea existente, afecta gravemente a
hábitats y especies protegidos e, insisto, no tiene en cuenta lo que el
gobierno español, junto a los otros Estados miembros, se comprometió a
respetar en Gotemburgo para la consecución de una Europa de desarrollo
sostenible.
Maruja Sornosa
Bruselas, a 22 de Noviembre del 2001